La Defensoría del Pueblo atribuyó el problema al trasladó desde los establecimientos de reclusión del orden nacional a las estaciones de Policía, hecho que representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad y para la Policía Nacional que hoy ejerce la custodia. Según la Defensoría del Pueblo, los índices de hacinamiento en las cárceles a cargo del INPEC se elevan a un 20,6%, lo que serían casi 16.621 personas privadas de la libertad. Esto teniendo en cuenta que la capacidad de cupos en centros penitenciarios asciende a 80.647.
Fuente: Caracol
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