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Antecedentes

El programa DIRAJus se basa en un acuerdo entre el Gobierno Federal Alemán y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este acuerdo es la expresión del entendimiento común entre ambas partes que un acceso efectivo a la justicia es importante para el goce de los derechos fundamentales. Se ha podido ir constatando, con cierta preocupación, que es precisamente el derecho de un acceso efectivo a la justicia el que se ve más frecuentemente vulnerado en América Latina. Esto no tiene sólo un efecto negativo en la persona individualmente afectada, sino perpetúa las condiciones de desigualdad ya existentes en los países. Con ello, erosiona no solo el Estado de Derecho, también, se ven afectados los mínimos requerimientos para el funcionamiento de una sociedad democrática. Por estas razones, las partes consideran que el acceso a la justicia debe abarcar a todos los sectores de la sociedad, entendiéndose como uno de los pilares para asegurar la justicia social.

Tomando en cuenta los propósitos de la OEA de promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, y erradicar la pobreza crítica, las partes consideran necesario  generar espacios de dialogo para crear un entendimiento común del derecho del acceso a la justicia en América Latina. Partiendo del rico, y a la vez poco accesible acervo elaborado en esta materia por los órganos, entidades, organismos y dependencias autónomas y descentralizadas  de la OEA, las partes coinciden en promover el desarrollo de un marco de referencia regional sobre normas, principios y estándares para el acceso a la justicia en América Latina con la finalidad de hacer su contenido más accesible a nivel de los Estados Partes.

Por consiguiente, el programa DIRAJus fue diseñado con el objetivo de explorar nuevas opciones de cooperación que permitieran a la OEA ampliar su colaboración con los Estados Partes, con un enfoque en los Estados Latino-Americanos y del Caribe, en el desarrollo y la concreción del derecho del acceso a la justicia. Para tal efecto se han acordado tres líneas de actuación.:

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Compilación del acervo regional en materia de acceso a la Justicia

Se alentará la creación de espacios de diálogo para concretizar los estándares del derecho regional interamericano que inciden en un mayor acceso a la justicia. Adicionalmente, se fomentará su difusión con el objetivo de propiciar reformas judiciales dentro de la Región.

Fortalecimiento de la justicia interamericana y del diálogo jurisprudencial regional

Se brindará apoyo para facilitar el acceso a la normatividad de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) concretizada por la jurisprudencia de la Corte IDH. Para tal efecto, además, se fomentará el diálogo con las Altas Cortes de los Estados Partes de la CADH.

Diálogo regional de actores nacionales sobre una justicia imparcial, eficiente y de calidad.

El desarrollo de estándares regionales de acceso a la justicia, también, implica su estudio comparativo con el nivel nacional de los Estados. Para cumplir con ese fin, a nivel nacional, se prevé la creación de círculos de trabajo para la promoción del derecho regional.

Duración: 11/2012 hasta 05/2020