Activistas indígenas de las regiones del Amazonas en Brasil y Colombia, junto con grupos ambientalistas de Francia y Estados Unidos presentaron una demanda en un tribunal francés contra una cadena de supermercados por vender carne de res producida por empresas responsables de la deforestación masiva y el acaparamiento de tierras.
La demanda afirma que el minorista francés de comestibles Casino violó una ley de 2017 que requiere que las empresas realicen la debida diligencia con las empresas dentro de su cadena de suministro para asegurarse de que no apoyan a organizaciones que perpetran violaciones de derechos humanos y destrucción del medio ambiente.
Según la evidencia recopilada por el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA), Casino compró carne de res de tres mataderos propiedad de JBS, la empresa de procesamiento de carne más grande del mundo. Los mataderos de JBS obtienen carne de res de 592 distribuidores que colectivamente representan al menos 50,000 hectáreas (123,550 acres) de deforestación entre 2008 y 2020. A pesar de los informes de los medios que detallan las prácticas nocivas de JBS, Casino ha continuado comprando carne a la corporación.
Casino afirma que monitorean a sus proveedores para asegurarse de que no están tratando con organizaciones que se dedican a la apropiación de tierras, el trabajo infantil y esclavo y la deforestación. También dicen que no venden carne de vacuno brasileña en sus tiendas francesas. Sin embargo, el segundo mercado de comestibles más grande de Casino se encuentra en Brasil, y su negocio en América del Sur representa casi el 47 por ciento de los ingresos globales de la compañía.
Fany Kuiru Castro, representante del pueblo Uitoto de Colombia y directora de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana dijo : “La ganadería, los monocultivos y otras industrias extractivas están poniendo en riesgo nuestras vidas y exterminando a los pueblos indígenas”.
La demanda busca 3 millones de euros en daños a grupos indígenas. También solicitan que Casino cumpla con la ley de 2017 para "garantizar que sus actividades no impliquen deforestación", dice Sebastien Mabile, abogado de los demandantes.
Fuente: The Jurist
