La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dado un paso sin precedentes al publicar la Opinión Consultiva No. 32/23 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, vinculando por primera vez en la región la crisis ambiental con la protección de los derechos fundamentales.
Solicitada por los Estados de Colombia y Chile y adoptada en julio de 2025, la OC-32/23 declara expresamente que la emergencia climática representa una amenaza real, presente y urgente para el goce efectivo de derechos como la vida, la salud, la alimentación, el agua y un ambiente sano. Frente a ello, la Corte IDH insta a los Estados a asumir obligaciones reforzadas de prevención, cooperación, acceso a la justicia y no discriminación, con especial atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad: pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños, personas mayores, defensores del ambiente y personas desplazadas por causas climáticas.
Además, la Opinión subraya la necesidad de que los gobiernos implementen medidas de mitigación y adaptación al cambio climático—ajustadas a sus capacidades técnicas y financieras—sin soslayar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Estas acciones deben guiarse por los principios de equidad intergeneracional, justicia ambiental, precaución y participación ciudadana.
En un plano jurisdiccional, la OC-32/23 fortalece el control de convencionalidad en la región, exigiendo que las autoridades administrativas, legislativas y judiciales interpreten e implementen sus obligaciones climáticas conforme a los estándares del Sistema Interamericano.
En este contexto, el Programa DIRAJus – Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina, implementado por la Cooperación Alemana (GIZ), considera esta opinión consultiva como una herramienta poderosa para reforzar los marcos jurídicos nacionales, fomentar el acceso a la justicia y consolidar una respuesta regional articulada frente a la crisis climática.
