Durante una actualización oral que analizaba la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que algunas iniciativas de reforma abren nuevas oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos.
“La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores”, dijo Michelle Bachelet al Consejo de Derechos Humanos.
También destacó como positivas las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, ya que “están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa”.
Además, observó que, desde septiembre de 2021, agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos emblemáticos, entre ellos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
“Estos son pasos en la dirección correcta, pero aún queda más por hacer”, indicó antes de comentar que su Oficina sigue observando desafíos al debido proceso, incluido el derecho a la libertad y al juicio sin demoras indebidas, y el acceso a una defensa de propia elección.
Por ejemplo, entre los casos individuales planteados por su Oficina a las autoridades desde septiembre de 2021, 18 personas fueron liberadas, al menos seis personas permanecen bajo detención, y que por lo menos 22 pidieron su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención.
Entre los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria indicó que todavía hay 12 personas siguen detenidas.
“Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad; y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas. Las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada. Mi Oficina ha estado llamando regularmente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos”, alertó.
Falta fomentar el diálogo y la cooperación
Tras la última actualización de Bachelet en septiembre del año pasado, su Oficina documentó 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, contando entre ellos la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas.
Michelle Bachelet certificó además 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes estatales desde su última puesta al día.
Por ello, instó “fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela”.
A estos sucesos, añadió el cierre de ocho estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que por lo menos otros 13 casos similares fueron reportados por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación.
“El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes, y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas”, destacó.
En particular, mostró su preocupación por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Aunque dos de sus miembros ya fueron puestos en libertad condicional todavía siguen enfrentándose a cargos penales. El director de la Organización, Javier Tarazona, sigue detenido y destacó que “su salud parece deteriorarse”.
Aumenta la violencia y falta transparencia pública
Del mismo modo, destacó un aumento de la violencia debido a la presencia de actores armados no estatales y grupos criminales, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia; en las regiones mineras; y en los centros urbanos.
“Los enfrentamientos en el estado de Apure han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos y venezolanas, muchos de ellos indígenas”, especificó y llamó a las autoridades a investigar todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas.
Bachelet también mostró su preocupación “por la falta de disponibilidad de información pública” e indicó que, pese a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre de 2021, todavía “no se ha publicado ningún presupuesto nacional desde 2018.”
Por último, reiteró su petición del levantamiento de las sanciones sectoriales, un hecho que contribuiría “a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población venezolana”.
Venezuela niega que no se respete las garantías del debido proceso
A continuación, el representante permanente de la república bolivariana de Venezuela, Hector Constant Rosales, tomó nota de las preocupaciones expresadas por Bachelet en su actualización oral e indicó que ofrecería una “respuesta detallada "en su debida oportunidad”.
“Sin embargo, llamamos la atención sobre el hecho de que señalamientos negativos no tomaron en consideración la información compartida por el Estado”, y que todavía observa “con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del sacro objetivo de la promoción de los derechos humanos.”
Constant Rosales recordó que la reciente conversación entre el presidente Nicolás Maduro y la Alta Comisionada privó la transparencia y la voluntad de cooperación del ejecutivo, motivo por el cual lamentó escuchar informaciones sobre supuestas violaciones al debido proceso, a pesar del constante intercambio de información con los oficiales de la Oficina en el terreno.
“Tomamos nota de tales alegaciones, pero reafirmamos que no se ajustan a la realidad”, afirmó y valoró positivamente el llamado de Bachelet hacia las sanciones en su país.
“En efecto, no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela hoy sin referirnos al terrible impacto en la vida de nuestro pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y otros países hegemónicos, que violan el derecho internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad”, explicó.
El representante permanente cifró en más de 500 las “medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales”, que, en su opinión, “persiguen acabar con nuestro modelo social inclusivo”.
Por ello, indicó que el Consejo y la Oficina de la Alta Comisionada deben convertirse en los “actores claves en la firme condena de las medidas coercitivas unilaterales que menoscaban los derechos humanos y el derecho al desarrollo de los pueblos del Sur”.
Fuente: ONU Noticias news.un.org/es/story/2022/03/1505772
