En 1994, tras los problemas de independencia y violencia que habían sufrido los magistrados, abogados, personal y auxiliares de justicia, la Comisión de Derechos Humanos nombró a un Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Al igual que otros procedimientos especiales, este mandato fue asumido por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Se ha prorrogado el mandato del Relator durante varios años, hasta llegar al 2017, donde el señor Diego García-Sayán, ex Presidente y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, ex Ministro de Justicia y Canciller del Perú, fue nombrado como Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados a finales del 2016.
Entre las funciones más importantes que posee el relator, se encuentra la investigación de denuncias, identificación de actos que violenten la integridad de los funcionarios judiciales, y la comunicación de conclusiones, recomendaciones y progresos realizados en la protección y fortalecimiento de la independencia de los magistrados, jueces y funcionarios de los sistemas de justicia.
El último informe presentado por esta relatoría fue en junio 2017, y en este, se presentaron varios puntos importantes que deben tomarse en cuenta:
El Relator llama al respeto y seguimiento de los Principios Básicos Relativos a la Independencia Judicial, los Principios Básicos en la Función de los Abogados y la Guía de Directrices sobre la función de los Fiscales, que durante años han sido violentados reiteradas veces, e insta a los estados a que defiendan y apliquen todos los instrumentos internacionales que defiendan la independencia e integridad del juez, además del importante apoyo que debe haber del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece la protección de la independencia judicial.
El relator ha identificado parámetros para la efectiva garantía de la independencia individual de los jueces: la inamovilidad, inmunidad, las condiciones de servicio, un salario judicial justo, seguridad, entrenamiento, y recursos tanto humanos como materiales para trabajar. En este informe, se le presta importante atención a los países que se están convirtiendo en estados democráticos, lo que se considera un gran paso en la transición hacia el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la paz y prosperidad de las naciones.
La corrupción judicial traspasa los límites de la corrupción económica. La corrupción ha logrado alojarse en los tribunales y juzgados como parte de la politización de la justicia, de los principios de lealtad de los jueces y el patrocinio judicial, que desgraciadamente se ha visto afectado. En este informe, el Relator hace hincapié en como el crimen organizado ha llegado a influenciar las decisiones de los jueces, y el accionar de los abogados y fiscales, de forma directa e indirecta. La falta de confianza en el sistema judicial es letal para la democracia, ya que el Relator considera que sin confianza en el sistema, solo se puede esperar que la corrupción continúe y se incremente.
En este informe, se considera esencial el derecho al acceso a la justicia. El derecho a la equidad frente a las Cortes se ha tocado en diferentes informes de esta relatoría. No solo se establece que los estados deben prohibir esta distinción de jure o de facto en cuanto al acceso a los tribunales, sino además, que debe garantizarse este acceso según lo establecido en la norma, justificado bajo principios objetivos y razonables. Al contrario los estados deben buscar medidas positivas para garantizar que ningún ser humano sea privado de su derecho a reclamar justicia. Mucho del trabajo que esta Relatoría ha realizado, se ha enfocado en el acceso a la justicia, y particularmente a la asistencia legal gratuita, como una forma de garantizar no solo la equidad ante los tribunales, sino también un medio para garantizar el cumplimiento de derechos, y un derecho fundamental en sí mismo.
El Relator ha resaltado que la corrupción afecta directamente el respeto y la protección de los derechos humanos, por lo que insta a los estados a priorizar en este asunto, ya que luchar contra la corrupción debería ser no solo una prioridad, al contrario, más bien una obligación de los estados hacia sus ciudadanos, y su falla debería ser penada con ley. La corrupción debe verse como un obstáculo general para la realización de los derechos humanos, y en casos específicos, una violación directa a un derecho determinado.
Este informe, establece también la importancia del rol que juega los jueces en el momento de enfrentar situaciones que combatan la legalidad y que violenten los derechos humanos. Ellos son el primer paso hacia una cultura de derechos humanos, su trabajo no debería ser solamente decidir si hay culpa o no, también garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los individuos.
Finalmente, el Relator Especial recomienda que sus funciones se lleven a cabo en un ámbito de apoyo y cooperación con los países, para así facilitar sus visitas e investigaciones, y la implementación de los estándares internacionales en materia de independencia judicial. Se impulsa además, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, y otras partes interesadas a que participen y sean parte de las actividades de la Relatoría. Se busca, que los Colegios y Asociaciones de Abogados, busquen trabajar bajo los Principios Básicos en la Función de los Abogados, y que los estados tomen las medidas necesarias para fortalecer la integridad judicial y prevenir los actos de corrupción dentro de los sistemas judiciales, y concluye, estableciendo que una de las prioridades debe ser la seguridad e integridad de todos los funcionarios judiciales.
Se puede acceder al informe en el siguiente link
