Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos
En la Sentencia del Caso Nissen Pessolani Vs. Paraguay, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Paraguay por la violación a la garantía de una juez imparcial, a la protección judicial, al derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y a la estabilidad laboral en perjuicio del señor Alejandro Nissen Pessolani, quien se desempeñaba como Agente Fiscal Penal y se encontraba investigando varios hechos de tráfico de vehículos robados que involucraban a altos funcionarios del sector público.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.
El caso se relaciona con el proceso llevado a cabo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ante una denuncia presentada en contra del entonces Fiscal Alejandro Nissen Pessolani en el año 2002. La Corte recordó su jurisprudencia sobre la importancia de la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo para las y los fiscales, como un componente de la
independencia judicial. Indicó que esta garantía implica, entre otras cosas, que todo proceso de destitución debe resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley.
En el caso concreto, la Corte consideró que existían conflictos de interés capaces de afectar la imparcialidad de parte de por lo menos dos miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la existencia de presiones políticas en el juzgamiento del Fiscal Nissen Pessolani. De esta forma concluyó que se vulneró el derecho a contar con una autoridad imparcial en perjuicio del señor Alejandro Nissen Pessolani.
Asimismo, se determinó que el señor Nissen Pessolani no tuvo acceso a un recurso eficaz para poder tutelar sus derechos, y que su destitución arbitraria implicó una afectación a su derecho a permanecer en un cargo público en condiciones de igualdad y su derecho a la estabilidad laboral.
Debido a estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado, entre las que se cuenta el pago de sumas indemnizatorias a la víctima.
