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La Comisión Europea ha propuesto un “plan de acción para el Mediterráneo central” para combatir el flujo migratorio irregular por esta vía que, subraya Bruselas, ha aumentado un 50% desde 2021 para superar, en lo que va de año, los 90.000 migrantes. La llegada de esta iniciativa, que busca frenar la salida de los migrantes en sus países de origen, acelerar el estancado reparto de los demandantes de asilo en la UE y, también, revisar el marco legal en el que operan los barcos de rescate fletados por ONG, no es casual: los ministros de Interior y Justicia se reunieron en Bruselas en un consejo extraordinario convocado tras el duro pulso protagonizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a raíz de la decisión de la dirigente ultraderechista de denegar la entrada a puerto del barco Ocean Viking con más de 200 migrantes rescatados a bordo.

Los nombres de Macron y Meloni no pasaron siquiera por la boca de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, cuando presento las 20 “medidas operacionales” de un plan que se presenta como un puente hasta que los Veintisiete den su visto bueno final al Nuevo Pacto de Migración y Asilo lanzado en septiembre de 2020 y que lleva desde entonces estancado. Bruselas quiere evitar a toda costa que esta nueva propuesta sea entendida como una concesión a posturas extremas como la del nuevo Gobierno italiano. No obstante, fuentes comunitarias reconocen que el “plan de acción” pretende “bajar la temperatura política”, que llegó a altas cotas en las últimas semanas, después de que Meloni derivara a Francia a los 234 migrantes rescatados por el Ocean Viking, el barco de la ONG SOS Mediterranée. Macron, acusado por la oposición de extrema derecha francesa de haber cedido en el pulso, respondió saliéndose del acuerdo alcanzado en junio en Bruselas sobre el reparto de refugiados relativo al mecanismo de solidaridad obligatoria.

El plan de acción se divide en tres “pilares”. Uno de ellos incide, aunque sin grandes precisiones, en la necesidad de discutir junto con la Organización Marítima Internacional un “marco específico” y “guías” para los barcos como el Ocean Viking. En plena crisis con el nuevo Gobierno de Roma por su intento de bloquear la entrada a puerto de varios barcos de rescate de diferente bandera, Bruselas recordó a Meloni a comienzos de mes que los Estados miembros tienen el “deber moral” y la “obligación legal” de rescatar a los migrantes en el mar, independientemente de las circunstancias en las que hayan llegado allí. Una posición que no ha cambiado, aunque hay, subraya Johansson, matices importantes.

“Salvar vidas en el mar es siempre la primera obligación. Pero hay muchos desafíos y la situación actual con los barcos privados operando en el mar es un escenario en el que falta claridad”, explicó la comisaria. Johansson indicó que el derecho del mar no preveía esta situación cuando se elaboró. La Comisión pide una “mayor cooperación entre Estados miembros, los países de bandera [de las embarcaciones], los costeros y otros actores relevantes”, aunque reconoce que no tiene “propuestas concretas”, ya que este asunto es competencia de los Estados. Aun así, indican fuentes comunitarias, no es lo mismo salvar a migrantes en plena mar en una situación de emergencia que patrullar justo al borde de las aguas internacionales colindantes con los países desde donde salen dichas embarcaciones, y ahí sí hay espacio para discutir. Johansson evitó pronunciarse sobre la demanda italiana de un “bloqueo naval” ante países de salida como Libia, pero sí recalcó la “gran necesidad” de “evitar” que los migrantes arriesguen su vida montándose en un bote precario.

La Comisión quiere reforzar, además, el mecanismo voluntario de solidaridad acordado en junio y por el que 21 Estados miembros o asociados se comprometieron a participar en este reparto solidario de demandantes de asilo y en asumir los costes. Al respecto, Johansson recordó que, aunque los Estados plantearon más de 8.000 ofertas para reubicar en sus territorios a migrantes, hasta la fecha solo se han producido un centenar de traslados.

Finalmente, Bruselas quiere frenar la migración en los países de origen —en su mayoría proceden, según Johansson, de Bangladés, Túnez y Egipto— o de salida, sobre todo Libia y Túnez.

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