Brasil. El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados) criticó este miércoles las acciones intimidatorias que han sufrido los letrados que defienden al ex presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva.
Ambos profesionales Roberto Teixeira y Cristiano Zanin Martins han debido afrontar órdenes de “búsqueda y decomiso” expedidas por un juez federal contra sus oficinas. La casa de Martins también fue allanada, al igual que los despachos de otros abogados y compañías legales relacionadas con las pequisas del caso.
El relator ha dado declaraciones: “Los abogados no deben ser atacados por servir los intereses de sus defendidos”, y recordó que todas las personas tienen el derecho a ser representadas. Subrayó también que los abogados no deben ser identificados con sus clientes ni con las causas por las que sus clientes se encuentren en proceso: “Estoy alarmado por la aparente estrategia de ciertos fiscales y jueces para intimidar a los abogados por hacer su trabajo, especialmente cuando defienden a figuras políticas”, dijo el relator.
Agregó que la manera en que la policía llevó a cabo los allanamientos, a la vista de los periodistas que habían sido alertados, “parece ser parte de una estrategia para desacreditar a los abogados frente a sus colegas, clientes y público en general”.
El mismo día de la ejecución de las órdenes, el fiscal del caso “Autolavado” presentó cargos criminales contra Martins y Teixeira. Al día siguiente, el juez emisor de las órdenes, Marcelo Bretas, congeló las cuentas bancarias de los dos abogados, así como las de sus bufetes. La Corte Suprema Federal revisa la legalidad de las operaciones de búsqueda y los procedimientos legales.
García-Sayán instó a las autoridades brasileñas a “adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que los abogados puedan desempeñar su trabajo sin intimidaciones, impedimentos, acoso o interferencias inadecuadas”.
El experto fue muy claro en la necesidad jueces sean imparciales. “Los jueces no deben colocarse en situaciones en las que su independencia o imparcialidad puedan ser cuestionadas. Para mantener la confianza del público en el sistema judicial es necesario que los jueces eviten cualquier actividad política que pueda comprometer su independencia o arriesgar su imparcialidad”, puntualizó el relator especial, y afirmó que la imparcialidad es esencial para el buen funcionamiento de las oficinas judiciales.
García-Sayán planteó sus preocupaciones al gobierno de Brasil en una carta y éste le respondió que la misiva fue remitida a las autoridades competentes.
