Organismos internacionales llaman la atención a los gobiernos latinoamericanos para establecer medidas de protección diferenciadas a favor los defensores de derechos humanos
Sebastian Sauter Odio
La pandemia del coronavirus (COVID-19) y la respuesta de los Estados a ella, han planteado una serie de desafíos y amenazas para quienes defienden los derechos humanos. Si las tasas de agresiones contra los defensores ya eran alarmantes antes de 2020, estas cifras aumentaron con la implementación de las medidas sanitarias junto al claro debilitamiento de las garantías de trabajo de las personas defensoras y las organizaciones sociales en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Colombia, Costa Rica, Honduras y México, entre otros.
En este contexto, el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres se mostró muy preocupado por la situación de los defensores de derechos humanos, específicamente en materia ambiental. En su informe sobre el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe presentado en julio del año anterior, sostuvo que, aunado al aumento en los índices de “violencia contra las personas defensoras del medio ambiente, incluidas las que defienden a los pueblos indígenas, las tierras, los territorios y los recursos”, se observa un proceso de “desregulación” en materia ambiental en la región, lo cual ha expuesto “a nuevos territorios y comunidades a la deforestación, los desplazamientos forzados, la extracción de recursos naturales y la destrucción de los sistemas ecológicos”, por lo que “los conflictos y las violaciones de los derechos humanos se hacen más frecuentes”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se mostró preocupada ante la omisión de los gobiernos latinoamericanos para establecer medidas de protección diferenciadas e interseccionales para los defensores de derechos humanos en tiempos de pandemia. La CIDH ha reiterado en comunicados oficiales la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos para la democracia.
La situación ha estado presente en gran parte de los países de la Región. Colombia y México encabezan la lista de los países con los índices más altos de asesinatos contra defensores, según el último informe de Global Witness presentado en julio de 2020. El clamor principal de las comunidades afectadas por esta escalada de criminalidad es el respeto de sus derechos y la atención de sus gobiernos.
El Programa Somos Defensores de Colombia registró 135 homicidios en los primeros nueve meses de 2020 en dicho país, en comparación con los 124 registrados para el mismo período en 2019. Lourdes Castro, funcionaria de esta organización, enfatizó en la falta de eficacia con que el Acuerdo de Paz se ha implementado y cómo esa falla ha dado pie a un contexto de continua agresión y violencia en contra de personas defensoras de la tierra. Castro también se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Colombia, que aparecen como uno de los grupos más vulnerables a los ataques y reportó un incremento en los crímenes contra ellos. Además, la CIDH se mostró preocupada por el hecho de que muchos de los asesinatos registrados durante el primer semestre de 2020 habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con las restricciones sanitarias para contener el contagio de COVID-19, lo que muestra puntos de contacto entre las agresiones y el inicio de la pandemia.
En el caso de México, la Organización Mundial contra la Tortura registró que dos defensores fueron asesinados en sus propios domicilios mientras cumplían con las medidas restrictivas contra el virus. A pesar de que el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña, haya reconocido la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos en el desarrollo social de México –específicamente con respecto a los activistas y periodistas–, los defensores continúan siendo blanco de amenazas y ataques, por lo que han hecho un llamado a las autoridades mexicanas a fortalecer sus sistemas normativos y de procuración de justicia.
Además, durante el contexto de la pandemia, se desplazaron las peticiones de las personas defensoras de derechos humanos de las agendas políticas de gobierno, lo que se refleja en el monumental recorte presupuestario al Instituto Nacional de las Mujeres en julio de 2020.
Asimismo, el contexto de la pandemia también ha sido desafiante para las lideresas, de acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y Peace Brigade International de México. En Honduras, varias de las mujeres trabajadoras, cuya mayoría pertenece al sector informal y trabajan en compañías de maquila o como empleadas domésticas, no pudieron salir de sus lugares de trabajo y regresar a casa, lo que generó demostraciones e incluso huelgas de hambre que fueron reprimidas por el gobierno. En México, los feminicidios aumentaron un 9% en el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo período del año 2019, según datos del Peace Brigade.
Por su parte, en Costa Rica el COVID-19 hizo más explícitos los conflictos sociales que ya venían ocurriendo, por ejemplo, la impunidad de los ataques a los líderes de las poblaciones indígenas. La violencia contra defensores de estas comunidades resultó en la muerte del líder indígena brörán Jehry Rivera en febrero de 2020. No es la primera vez que un líder indígena protegido por medidas cautelares de la CIDH es asesinado en Costa Rica. La primera víctima fue Sergio Rojas, asesinado en marzo de 2019.
La seriedad de estos homicidios, aunado a las otras formas de agresión de las que son objeto los defensores indígenas –incluyendo incendios y agresiones sexuales–, hizo que alrededor de 45 organizaciones internacionales denunciaran en un comunicado de octubre de 2020 la impunidad de las agresiones. Es importante mencionar que Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los DDHH, y Francisco Cali Tzav, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ambos de la ONU, han expresado su preocupación por la impunidad alarmante en el territorio costarricense.
Así las cosas, la llegada del coronavirus ha evidenciado las agresiones contra los defensores de derechos humanos, que ya preocupaban previo al inicio de la pandemia. Con la implementación de las medidas sanitarias para restringir la contaminación viral, se paralizaron las labores de las personas defensoras de derechos humanos. Según las observaciones de varias organizaciones y expertos tanto de la ONU como del sistema Interamericano, los Estados como p.ej. Colombia, Costa Rica, Honduras y México se han mantenido al margen de estos asuntos y han dado respuestas insuficientes al aumento de las agresiones. Si bien en ciertos Estados las cifras son mayores, los tipos de agresiones son similares y, con gran preocupación, las respuestas de los gobiernos son igualmente tímidas e insuficientes.
