Un Comité de derechos humanos también muestra su inquietud por la falta de consulta a los pueblos indígenas en asuntos que les incumben, así como por las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política y el hecho de que los estereotipos de género continúen arraigados en la sociedad.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de la ONU está preocupado por la información que “da cuenta de altos niveles de corrupción e impunidad que persisten” en Nicaragua, según un informe hecho público este miércoles.
Los 18 expertos que componen el Comité también están preocupados “por la información recibida sobre la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial” y por “la falta de independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como su falta de reacción ante violaciones de derechos humanos en el Estado parte”.
Más allá de la independencia judicial, al Comité el “preocupan seriamente” las informaciones recibidas sobre la persecución, amenazas, acoso y actos de represalias contra defensores de derechos humanos, incluyendo estudiantes y docentes universitarios, médicos y personal médico por participar en las protestas contra las reformas a la Ley de Seguridad Social, la falta de diligencia ante el incendio de la reserva Indio-Maíz o por denunciar presuntas irregularidades en el contexto de la gestión de la pandemia de COVID-19.
Derechos de los pueblos indígenas
Motivo de preocupación son también “las informaciones recibidas sobre la falta de mecanismos adecuados que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en la toma de decisiones susceptibles de afectar sus derechos, incluyendo sus derechos sobre los territorios que tradicionalmente han ocupado”.
En este apartado, el Comité observa en concreto con preocupación que el Estado parte no ha llevado a cabo procedimientos de consulta previa adecuados ante la aprobación de grandes proyectos de inversión susceptibles de afectar los derechos de pueblos indígenas, tal como la concesión para la construcción del Gran Canal Interoceánico.
Además, también inquietan a los expertos “las alegaciones de que el Estado parte ha promovido la creación de gobiernos paralelos para suplantar la representación de las comunidades de pueblos indígenas legítimamente constituidas lo cual afecta los procedimientos de consulta y facilita la usurpación de territorios indígenas”.
La preocupación con respecto a los pueblos autóctonos se extiende al estancamiento en la parte de saneamiento de sus territorios y a la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos que estos tienen sobre sus tierras, territorios y recursos.
En ese sentido, preocupan al Comité los graves conflictos sociales y la violencia que se generan en torno a la posesión y utilización de tierras y territorios entre los pueblos indígenas y ocupantes o interesados en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en tales territorios, particularmente en los territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua.
Igualdad de género
Con respecto a la igualdad de género, el informe señala que si bien el Comité toma nota de la Ley de Iguadad de Derechos y Oportunidades adoptada por el Estado parte, está preocupado por la información recibida según la cual “los estereotipos de género continúan arraigados en la sociedad, lo cual dificulta el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales por parte de las mujeres, en particular en el ámbito laboral y el acceso a cargos de decisión tanto en el ámbito público como en el privado”.
En el apartado sobre las condiciones laborales de los nicaraguenses, el Comité lamenta no haber recibido información sobre las condiciones laborales de las mujeres en algunos sectores, como el de maquilas y el trabajo doméstico, y le preocupa además que las condiciones de trabajo en estos sectores continúen siendo precarias exponiendo a las mujeres que trabajan en estos a graves riesgos de abusos y explotación.
Otro aspecto relacionado con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere “a las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política que ha afectado a personas opositoras o críticas del Gobierno en cuanto al ejercicio y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho al trabajo y el acceso a servicios de salud”.
En este apartado, al Comité le preocupa, además, “la falta de información sobre el impacto de las medidas adoptadas para combatir la discriminación en contra de pueblos indígenas, afrodescendientes, por motivos de discpacidad, orientación sexual e identidad de género”.
Al comenzar el apartado de motivos de preocupaciones, el Comité observa con inquietud “el cierre de espacios participativos y de diálogo tanto a nivel nacional como internacional en particular con mecanismos de promoción y protección de derechos humanos”.
En el documento se indica que “aunque presentado de forma tardía”, el Comité acoge con satisfacción la presentación del quinto informe periódico de Nicaragua. Sin embargo, lamenta que el Estado parte no haya presentado sus respuestas escritas a la lista de cuestiones especialmente cuando entre el tiempo de la presentación del informe y el diálogo previsto ocurrieron numerosos eventos extraordinarios que merecían ser abordados.
El informe, de 11 páginas, contiene una serie de recomendaciones para abordar todas esas inquietudes.
- El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está compuesto por 18 expertos independientes, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que está adherido Nicaragua.
